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El Imprimátur fue introducido por la Iglesia Católica en la literatura, sobre todo en obras de doctrina y teología, para reducir la exposición de los fieles, especialmente los legos o laicos, a las herejías.
El Imprimátur fue abolido al amparo del Decreto del 15 de noviembre de 1966, publicado en el "ACTA APOSTOLICA SEDIS" el 29 de diciembre del mismo año (Vol. 58 número 16), el contenido de cualquier libro no requiere Censura Eclesiástica por haber sido derogado por Su Santidad el Papa Paulo VI, más precisamente por el canon 1.399 del Derecho Canónico.
En la actualidad, en ámbitos eclesiásticos, no es obligatoria la solicitud del imprimátur más que para libros específicamente religiosos, tales como ediciones de las Escrituras, del catecismo o libros de oraciones, o aquellos que deban ser distribuidos en templos, oratorios y en el magisterio de la Iglesia.
Sin embargo, hubo un tiempo, en que el Imprimátur era aplicado a casi cualquier obra literaria editada en los países cristianos y especialmente Católicos. Cualquiera que quisiese ver publicada su obra debía obtener como mínimo el Nihil Obstat (en latín, nada se opone) de la Iglesia.
Incluso hoy existe la obligación de su uso en los textos de estudio de las escuelas católicas, según el Código de Derecho Canónico. Libro III, TÍTULO IV DE LOS INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ESPECIALMENTE DE LOS LIBROS, que reza así:
"En las escuelas, tanto elementales como medias o superiores, no pueden emplearse como libros de texto para la enseñanza aquellos libros en los que se trate de cuestiones referentes a la sagrada Escritura, la teología, el derecho canónico, la historia eclesiástica y materias religiosas o morales que no hayan sido publicados con aprobación de la autoridad eclesiástica competente, o la hayan obtenido posteriormente."
En otros ámbitos, por extensión del uso eclesiástico, la expresión es aplicada en el lenguaje político para indicar que un programa, una declaración pública o cualquier otro documento reciben la aprobación de la jerarquía de un partido. De la misma manera se aplica cuando los documentos técnicos de la administración deben ser autorizados por algún superior jerárquico o comité antes de considerarse oficiales.
